Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público

I. Pro Bono y Discapacidad

Amparo por cupo laboral
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece un cupo del cinco por ciento de la planta de la administración para personas con discapacidad. Ante el incumplimiento de este mandato -hecho que afecta los derechos colectivos a la igualdad, al trabajo, a la no discriminación y a la integración-, la Comisión Pro Bono inició una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que incorpore sólo personal con necesidades especiales, cualquiera fuese su categoría o encuadre jurídico, hasta completar el cupo.

Amparo para garantizar la accesibilidad a las escuelas de la CABA
A partir de numerosas consultas y denuncias de padres de niños con discapacidad que no encuentran escuelas donde matricular a sus hijos, Acceso Ya! –una ONG que lucha por eliminar las barreras arquitectónicas que afectan a las personas con discapacidad- relevó las instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se supo que 95% de las escuelas privadas y 73% de las escuelas públicas porteñas no cumplen con las condiciones mínimas de accesibilidad: rampas de acceso, puertas que permitan el ingreso de sillas de ruedas, ascensores y baños adaptados. A raíz de ello, la Comisión Pro Bono y Acceso Ya! iniciaron una acción de amparo contra el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de que se implementen las medidas para garantizar la accesibilidad a las escuelas.

Medida cautelar para garantizar el derecho a votar de las personas con discapacidad
Ante las notorias dificultades que enfrentan las personas con discapacidad al momento de votar, la Comisión Pro Bono y Acceso Ya! presentaron, con motivo de las elecciones 2007 para elegir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una medida cautelar para garantizar la tutela de dicho derecho.

Carta abierta a candidatos a Jefe de Gobierno
Ante la inaccesibilidad física que presentan las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires (95% de las privadas y 73% de las públicas) para las personas con discapacidad, en mayo de este año la Comisión Pro Bono y Acceso Ya! enviaron una carta documento a cada uno de los principales candidatos a Jefe de Gobierno –Daniel Filmus, Claudio Lozano, Mauricio Macri, Jorge Telerman y Patricia Walsh- para que definan su posición al respecto. Con esta acción, se buscó que los ciudadanos conozcan cuáles son las propuestas políticas en torno a esta demanda que redunda directamente en una educación más inclusiva.

II. Pro Bono y Microfinanzas

RADIM: Asesoramiento en materia societaria y en temas de microfinanzas
La Comisión Pro trabaja con RADIM a través de tres áreas de acción: una área macro desde donde la Comisión trabaja para edificar, desarrollar y articular el sector de las microfinanzas; otra que comprende el proceso interno de construcción de RADIM como organización y una tercer área que abarca, específicamente, al servicio Pro Bono que la Comisión ofrece a cada una de las instituciones de la Red. Además, se está trabajando con dos propuestas presentadas por el Cyrus R. Vance Center: la inscripción de RADIM en los Estados Unidos para posibilitar la recaudación de fondos, y una investigación sobre la aplicabilidad local del mecanismo bancario que se utiliza en dicho país, para la asignación de beneficios a proyectos sociales. Otro campo importante que se esta explorando es el de los microseguros.

Alternativa 3: Asesoramiento en materia societaria y en temas de microfinanzas
Alternativa3 es una fundación creada con la misión de promover el desarrollo de comunidades excluidas, y así contribuir a la construcción del bien común. Para ello, la Fundación articula las organizaciones comunitarias, empresas y actores sociales, y utiliza, entre otras, la metodología del microcrédito. La Comisión presta a la organización asesoramiento jurídico con el fin de evaluar qué forma jurídica sería aconsejable adoptar para crear una banca solidaria o de microcrédito.

Asociación Civil Susy Tomas y Oyentes de buen corazón: Asesoramiento en materia societaria y en temas de microfinanzas
Suzy Tomas y Oyentes de buen corazón es una asociación civil de la provincia de Santa Fe que presta diferentes servicios sociales entre los que se encuentra el Microcrédito. Desde mayo de 2007, la Comisión trabaja con la ONG brindándole asesoramiento jurídico entorno al proceso interno de organización.

III. Pro Bono y Transparencia Política

Caso Becas y Subsidios de la Cámara de Diputados de la Nación
La Comisión Pro Bono y la Fundación Poder Ciudadano presentaron a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación un pedido de información respecto de las becas y subsidios que los diputados están facultados a otorgar. En enero de este año, la Cámara de Diputados contestó dicho pedido sin responder acabadamente a los puntos planteados: solamente se refirió a los montos y nombres de las personas y entidades que recibieron los subsidios y las becas, y no brindó la información relativa a número de DNI o fecha de inscripción en el registyro Público de Comercio de las personas beneficiarias, domicilio o sede social, nombre del diputado que otorgó la beca y/o el subsidio, y la causa y/o fecha del otorgamiento de la beca y/o subsidio. Ante esta situación, se está evaluando la conveniencia de insistir a la Cámara de Diputados que responda a los puntos omitidos o de recurrir a la vía judicial a través de la acción de amparo.

IV. Pro Bono y Asesoramiento a ONGs

Convocatoria abierta para ONGs
En Agosto de 2010, la Comisión lanzó la primera convocatoria abierta para ONGs a los efectos de que presenten sus solicitudes de asesoramiento legal, casos y proyectos. En ese marco, fueron elegidas 14 propuestas.
Próximamente, estaremos lanzando la segunda convocatoria, con sus respectivas bases y condiciones.
Más información: http://www.probono.org.ar/nota.php?id=148

Seminario de Capacitación en Aspectos Legales y Tributarios para ONGs
Fue realizado en octubre de 2009, como parte del ciclo de seminarios pro bono organizados por la Comisión y la Mesa de Coordinadores.
Más información: http://www.probono.org.ar/nota.php?id=126

Investigación sobre cargas sociales para OSC
Tres estudios de la Comisión están colaborando con un grupo de OSC nucleadas en la Red Unidos, a los efectos de analizar y proponer modificaciones en la normativa vinculada a las cargas sociales que deben afrontar las OSC para sus empleados.

V. Otros

Por la Ley 13.274 se crearon fiscalías y defensorías penales descentralizadas. A partir de ello, nacieron en la Municipalidad de Merlo fiscalías y defensorías con el fin de evitar traslados al Departamento de Morón y mejorar el acceso a la Justicia. Sin embargo, al día de hoy estos organismos no funcionan porque la Intendencia de Merlo no cumple con la obligación de proveer un espacio físico en el cual puedan establecerse, incluso a pesar de que el Ejecutivo Provincial dispuso en su presupuesto destinar 1.334 millones de pesos para el fortalecimiento del área judicial y la implementación de la Ley 13.274. Frente a esta situación, Poder Ciudadano y la Comisión enviaron notas al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, al Intendente de Merlo, al Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de que informen sobre el estado de esta cuestión. Por el momento, solo se recibió la contestación de la Procuración General.

Por intermedio de la Fundación Poder Ciudadano, se tomó el caso de una mujer que, al haber sido abandonada a los tres meses de vida y desconocer el paradero de sus familiares, no cuenta con una partida de nacimiento. Este hecho le impide, entre otras tantas cosas, obtener su Documento Nacional de Identidad. Un abogado miembro de la Comisión trabaja sobre este caso.

Dado que hay un amplio sector de la comunidad preocupado por el consumo y venta de alcohol a menores, la Comisión decidió abordar este tema. Actualmente, se está analizando el estado de situación del problema (principalmente desde el punto de vista de la normativa vigente), y se está contactando a organizaciones y autoridades judiciales de la Ciudad para trabajar coordinadamente con estos. Terminada esta etapa, se elaborara un plan de acción a ser implementado en 2008.