Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información acerca de las acciones que, en cumplimento de sus funciones, realizan los órganos de la Administración Pública. La Comisión considera que la difusión de la información pública es para el Estado una oportunidad de legitimar su gestión y recuperar la confianza de la ciudadanía: de allí que, desde el área de Pro Bono y Transparencia Política, se intenta que los ciudadanos tengan acceso a los temas en que trabajan los funcionarios públicos, al modo en que lo hacen y a los resultados de dicha labor.
Esta área de trabajo utiliza al recurso de amparo como su principal herramienta. En 2001, la Comisión y la Fundación Poder Ciudadano iniciaron un amparo para que los Senadores publicaran sus declaraciones juradas patrimoniales y, en 2002, un nuevo amparo con el objeto de que el Senado informe el resultado de los censos de personal (2000 y 2002) y el funcionamiento del sistema de “Módulos” (mecanismo que se utiliza para asignar fondos o remuneraciones a asesores). Como resultado de estas acciones se logró, por un lado, la reglamentación por decreto parlamentario del mecanismo para requerir información pública y, por el otro, el reconocimiento judicial de este derecho –fundado en los dispuesto por tratados internacionales de jerarquía constitucional y el derecho constitucional de peticionar antes las autoridades públicas-, aunque todavía no exista una ley que lo enuncie.
Los estudios Pérez Alati, Grondona, Benítez, Arnsten & Martínez de Hoz y Zapiola Guerrico & Asociados son los referentes en esta área de trabajo. La principal organización a quien asesoran es Poder Ciudadano. Para más información, contactar a los Dres. José Martínez de Hoz (h), Guillermo Quiñoa o Martín Zapiola Guerrico.
Poder Ciudadano es una fundación que nació a fines de 1989 con la misión de fortalecer las instituciones democráticas a través de acciones colectivas y de promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información.
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